Violencia institucional

La violencia institucional es la violencia física, sexual y/o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, incluyendo a las autoridades, personal funcionario, agentes e instituciones estatales que actúan en nombre del Estado. 

Se materializa en actos u omisiones de autoridades y agentes estatales que discriminan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos, eludiendo la responsabilidad que el Estado tiene en la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

Marco Internacional

• • Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 1993). Artículos 2 y 4.
  • Convención de Belém do Pará (Organización de los Estados Americanos, 1996). Artículo 2.
  • Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011). Artículo 5.

A nivel nacional, tanto la legislación estatal y autonómica sobre violencia machista no recoge específicamente la violencia institucional, lo que no significa que falte reglamentación, ya que España tiene la responsabilidad de cumplir las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas y otros tratados del derecho internacional suscritos por nuestro país.

Algunos casos paradigmáticos:

• • En julio de 2018, el Tribunal Supremo de España publicó una sentencia que reconocía la responsabilidad del Estado en la desprotección que sufrieron Ángela González y su hija Andrea, de 7 años, que fue asesinada en 2003 por su padre, condenado por malos tratos, en una visita no vigilada.
  • Condenada a dos años y seis meses de cárcel por la sustracción de sus dos criaturas, el caso de Juana Rivas saltó a los medios de comunicación en 2016, después de que un juzgado de Granada le ordenase la inmediata restitución de los menores a Italia con su padre, al que había denunciado por malos tratos y que ya había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009.

También estamos ante ejemplos de violencia institucional:

• • Cuando las instituciones revictimizan a una mujer maltratada o le niegan la atención adecuada.
  • Cuando se presiona a una mujer para no declarar o poner fin a un procedimiento de violencia de género o agresión sexual.
  • Cuando se cuestiona la credibilidad de la víctima.
  • Cuando el Estado hace recortes en recursos específicos contra la violencia machista.
  • Cuando los funcionarios o agentes del Estado actúan con criterios discriminatorios.
  • Cuando se minimiza, normaliza o romantiza la violencia, calificándola como casos puntuales o conflictos pasionales.
  • Cuando se niega la protección para las mujeres denunciantes.

La violencia institucional contribuye a reforzar el sistema de opresión contra las mujeres y es especialmente difícil de combatir por varios motivos:

• • Se suele presentar de forma encubierta, no resultando tan evidente y fácil de detectar como otros tipos de violencia.
  • Al incluir la violencia por omisión, es reproducida habitualmente por las instituciones y leyes.
  • Es sistemática y goza de amplia aceptación por parte de la sociedad, en la que se normaliza a través de la educación y los medios de comunicación.

Permite diluir responsabilidades individuales, de modo que quienes la ejercen directamente no se perciben a sí mismos ni son percibidos socialmente como responsables de esta.