Imagina una niña cualquiera. Imagina que el Estado decide, por una serie de motivos, que no está siendo atendida y criada como merece por su familia. Imagina que el Estado la saca de su casa para protegerla y le asegura que le dará el entorno y las condiciones idóneas para ella. Imagina que la lleva a uno de esos lugares llamados centro de protección de menores y firma que allí estará a salvo. Imagina que la niña desaparece. No de la calle ni de una casa sin recursos, sino del lugar donde el Estado la puso precisamente para que no le pasara nada.
Imagina que no hablamos de una niña, sino de miles. Imagina, además, que no hablamos de una cifra global, sino sólo de España.
¿Cómo es el sistema estatal de protección de menores en nuestro país?
Dentro de él hay actualmente más de 55.000 bebés, niñas, niños y adolescentes. 55.000 personas es algo más que la población completa de la ciudad de Segovia, por ponerlo en perspectiva y por humanizar esa cifra, que se dice demasiado rápido. Pues más de 55.000 bebés, niñas, niños y adolescentes sobreviven en el sistema de protección de menores del Estado español, de los que aproximadamente una tercera parte está en centros de acogida mientras que otro tercio está en acogimiento familiar. La tercera parte restante son casos todavía en estudio, criaturas pendientes de una medida protectora definitiva. Entre estos menores, hay 8000 migrantes no acompañados, la inmensa mayoría varones, de los cuales el 95% vive en centros de acogida, porque apenas hay acogimientos familiares para ellos por ser los famosos y temibles “menas”.
Existen alrededor de 1.400 centros de menores repartidos por toda España, con un total de 20.000 plazas. Y, ojo, porque sólo el 12% son de gestión pública directa: la mayoría depende de fundaciones, asociaciones, ONGs, órdenes religiosas o empresas privadas.
La ciudadanía no sabe cómo funciona este sistema, quién lo gestiona ni qué ocurre dentro, pero la realidad es que hablamos de criaturas retiradas de sus familias por riesgo o desamparo grave, y de un Estado que asume protegerlas pero llega tarde, mal, con pocos medios y demasiada opacidad. Investigaciones independientes, ONGs, el Defensor del Pueblo, trabajadoras y menores tutelados señalan sistemáticamente fallos muy concretos: falta de recursos humanos y materiales, supervisión ineficaz, formación insuficiente y descoordinación entre servicios sociales, centros educativos, sanidad, policía y juzgados. Y esto es importante, porque formar a quienes trabajan, estabilizar sus puestos y pagarles dignamente es, a la vez, proteger a las criaturas. Sin adultos estables no hay vínculos estables. Y sin vínculos estables, las señales de abuso, por ejemplo, se pasan por alto. Por otra parte, casos como el del asesinato de una educadora de 35 años en Badajoz, el año pasado, por tres adolescentes tutelados, nos muestran que estamos ante un sistema atravesado por el sufrimiento, la violencia y la falta de medios para todas las partes.
Además se le suma que el sistema se estructura desde una lógica más paliativa que preventiva, es decir, que hay familias en riesgo a las que debería prestarse apoyo y ayuda antes de retirar a la criatura, pero no se hace así, aunque sea infinitamente peor para el menor o la menor que dicen querer proteger.
Encima, las estancias en centros -que deberían ser breves- se alargan más de lo debido, hasta el punto de que según los últimos datos que conocemos, más de mil niñas y niños que tienen menos de seis años vivían en centros de acogida, aunque la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que tienen que estar en acogimiento familiar.
Y otro dato: solo uno de cada siete menores vuelve con su familia biológica. No sabemos hasta qué punto se respeta el derecho de hermanos y hermanas a no ser separados, porque no se publican estos datos. Y ya sabemos qué ocurre cuando algo no se mide bien y no se expone públicamente, y es que no se pueden establecer medidas eficaces para controlar que se cumpla.
Tampoco existe en España un estudio público que cruce el código postal o el nivel de renta con tasas de retirada de tutela. El sistema ni produce ni publica ese dato, porloquesea. Lo que sí tenemos son la suma de estas piezas que os contamos: una es que los grupos más pobres son las personas migrantes, gitanas y las familias monomarentales y precisamente son esos mismos grupos los que están masivamente sobrerrepresentados en los centros. Otra pieza es que hay profesionales del sector que confirman que la pobreza aparece de forma velada en los expedientes. Vamos, que las retiradas de menores no ocurren en el Barrio de Salamanca, precisamente, aunque el único factor en común en esos códigos postales privilegiados es únicamente el dinero, no la seguridad ni el amor ni la presencia ni la dedicación.
Dicho esto, hoy queríamos poner el foco en la explotación y violencia sexual contra niñas y adolescentes tuteladas por el Estado y, conectado con esto, en los problemas de fugas, desapariciones y suicidios.
En 2017, UNICEF advirtió de que, sólo a través de 300 entrevistas con gestoras, educadoras y menores tuteladas, había detectado casos de explotación sexual de adolescentes tuteladas en siete de las nueve comunidades estudiadas. La explotación sexual de estas menores no son casos puntuales: es una lacra estructural.
En 2025, El País publicó que más de 1.100 menores tuteladas habían denunciado agresiones sexuales desde 2019. Y esta cifra, ojo, se obtuvo sólo a partir de datos de seis comunidades autónomas, porque muchas no quisieron compartir sus cifras. Cataluña y Andalucía eran las comunidades más afectadas de las que quisieron compartir sus datos. Dos años antes, en 2023, una investigación reveló que, solo en Cantabria, el 20% de las menores tuteladas eran víctimas de explotación sexual. Un 13% decía haber compartido material íntimo a cambio de dinero, alcohol o regalos y un 10% creía haber intercambiado sexo, sin ser conscientes de que habían sido abusadas precisamente por ser menores, además de extremadamente vulnerables. Ese dato es muy significativo, porque Cantabria es considerada una comunidad privilegiada, al ser pequeña, controlable y tener centros de menores poco masificados. Responsables del sistema y expertas coinciden en que en el conjunto de España, la situación real es muchísimo peor. La profesora y psicóloga Noemí Pereda, por ejemplo, una de las voces expertas, aseguró que en algunas comunidades, las menores en centros de acogida que podrían estar siendo víctimas de distintos tipos de explotación sexual son más de la mitad del total.
Nos faltan, en cualquier caso, datos e investigaciones que arrojen más luz y que midan exactamente qué ocurre, dónde, cómo y cuándo. Y es crucial, porque no se puede intervenir sobre una realidad si no se registra. Lo que no se nombra, no existe. Si encima, tampoco lo mides, nos olvidamos de ponerle ningún tipo de solución. El Defensor del Pueblo (que ya sabéis que es Ángel Gabilondo desde 2021), ha pedido reiteradamente una investigación generalizada sobre la explotación sexual de menores tuteladas y una actualización de los protocolos de actuación para estos casos. La última vez, hace pocos meses. Pero no parece haber cambios. El Gobierno, el Ministerio de Juventud e Infancia parecen muy preocupados por la hormonación de menores pero cero cambios con respecto a esta problemática. Esto parece que no merece ni tuits furibundos.
No sabemos, por tanto, cuántas niñas están siendo captadas, chantajeadas, explotadas o agredidas. Sí conocemos el goteo constante, doloroso, de casos concretos por toda la geografía española y sabemos también cuál es el procedimiento de captación más común. Y no podemos olvidar que hablamos de menores que arrastran traumas, problemas de abandono, que son supervivientes de muchos tipos de violencia, que tienen desarraigo familiar, y cargan además el fracaso escolar… Hablamos de chicas sin redes protectoras, dependientes de instituciones saturadas que, muchas veces, además, contratan personal sin las cualificaciones necesarias.
Con estos mimbres no es de extrañar que la violencia masculina lo tenga tan fácil para detectar la vulnerabilidad y aprovecharse. Por ejemplo, a través de redes sociales como Instagram o TikTok, tanto depredadores aislados como redes de proxenetismo contactan con las menores: primero las seducen y luego las presionan, las aíslan, las chantajean para controlarlas. En muchos casos, las inducen a que lleven a la red a otras compañeras. A algunas las atraen a cambio de regalos o drogas. Otras veces, entran en juego las amenazas o las falsas promesas de afecto y protección.
Aun sin tener el cuadro completo, las feministas estamos hartas de ver fragmentos, porque estamos pendientes de estas noticias. En 2016 estalló en Canarias el caso “18 Lovas”, de prostitución de menores tuteladas. En 2019, en Mallorca, una agresión grupal contra una menor tutelada de 13 años acabó llevando a destapar una red de drogas y explotación sexual que era un secreto a voces entre los trabajadores del sistema de protección. Es un caso que os sonará, probablemente, porque fue muy utilizado políticamente para atacar al gobierno de coalición del PSOE y Podemos. Y también porque ha inspirado una peli reciente que os dejaremos en los enlaces del episodio. En Madrid, entre enero de 2022 y julio de 2023, hubo 69 denuncias por violencia sexual sufrida por menores tuteladas (59 chicas y 10 chicos). Algunas afectadas estaban vinculadas a la Operación Sana, que en 2022 destapó una red de explotación sexual de adolescentes. En 2024, conocimos el caso de dos menores tuteladas de 13 y 15 años que fueron coaccionadas para prostituirse y agredidas sexualmente en Murcia. Y ese mismo año se detuvo en Asturias a 12 varones acusados de explotar al menos a cinco menores tuteladas de entre 13 y 17 años. En mayo de 2025 se conoció el llamado “caso Pelicot catalán”: un hombre de 40 años acusado de explotación y violencia sexual reiterada de una menor tutelada a la que había conocido por las redes sociales cuando ella tenía solo 12 años.
A todo esto, hay que añadirle una violencia quizá incluso más dura de aceptar socialmente, que es la que ocurre dentro de los propios dispositivos de protección, perpetrada por personas vinculadas al sistema. Hay algún caso famoso que sin duda nos suena a todas, como el del exmarido de Mónica Oltra, condenado por abuso continuado a una menor de un centro donde él trabajaba como educador. Pero otros pasan mucho más desapercibidos: a finales de 2025, otro educador fue detenido en Gran Canaria, denunciado por una trabajadora que aportó pruebas de que solicitaba material íntimo a varias menores. Y en enero se ha detenido también a un educador, en este caso de un centro de Alicante, por denuncias de agresión sexual a tres menores.
En otras ocasiones, lo que sucede es que las y los menores siguen sufriendo abusos sexuales o maltrato físico durante las visitas con sus familias de origen. Una investigación publicada en 2015, basada en 129 adolescentes residentes en centros catalanes, encontró que alrededor del 35% habían sufrido algún tipo de violencia o maltrato en el año previo por parte de cuidadores, estando ya dentro del sistema de protección. A veces, esos episodios se daban durante las visitas con sus progenitores, y otras eran perpetrados por parte del personal de los centros u otros adultos.
Las fugas y las desapariciones son otra grieta del sistema. De todas las desapariciones de menores en España, el 90% corresponde a menores bajo la tutela estatal. Generalmente se catalogan como “fugas voluntarias”, pero detrás hay captación, miedo, abandono, desesperación, explotación, consumo de drogas, amenazas… o todo a la vez. Hablamos de unas 2.500 denuncias por desapariciones de centros tutelados solo en 2025, amigas. Casi el 70% de esas desapariciones se “resuelve”, entre comillas, antes de siete días. La menor o el menor es localizado o vuelve motu proprio al centro, y así hasta la siguiente fuga, porque hay menores que se fugan decenas de veces al año. El perfil de quienes se fugan está cambiando: ahora cada vez son más jóvenes y hay más chicas. Y cuando una menor desaparece, ya sea durante 3 días o durante 3 meses, normalmente no lo hace para irse a dormir a la intemperie. Van a algún sitio.
Recordemos uno de los últimos casos más recientes en un centro de Canarias, que fue literalmente vaciado de niñas, desaparecieron las 13 que vivían en él. Fueron captadas por una red de tráfico de personas y pornografía infantil y no se ha vuelto a saber de ellas. Muchos casos, ya sea por falta de recursos o de interés, no se investigan debidamente.
El sufrimiento psíquico y la vulnerabilidad no solo hacen de las menores tuteladas una presa fácil para los depredadores. También aumentan el riesgo de suicidio, por ejemplo. Un estudio en Navarra y País Vasco halló que una cuarta parte de las y los menores en centros de acogida habían intentado suicidarse. El 18% de los chicos y el 54% de las chicas manifestaban ideas suicidas. Y el sistema carece de recursos suficientes para proporcionarles la ayuda psicológica y el seguimiento necesario: menos de uno de cada cuatro profesionales afirmaba tener conocimientos suficientes para identificar o prevenir estos riesgos.
El perfil más frecuente de menor que acaba suicidándose es el de una chica adolescente de entre 13 y 17 años, de familia migrante, que ya ha sido víctima de agresión sexual, y que tiene antecedentes de fuga y autolesiones. A veces, conocemos por la prensa casos trágicos que no vamos a reproducir, pero sí diremos que no volvemos a saber más de esos casos: no parece que nadie investigue a fondo lo que hay detrás ni busque causas o responsables.
Cuando el sistema considera que ha terminado de tutelar, empieza otra forma de abandono. Cada año, unos 5.000 chicos y chicas tutelados cumplen 18 años y tienen que afrontar una emancipación repentina en condiciones extremas. Formalmente, el Estado no les deja tirados, porque hay ayudas, pisos tutelados, programas formativos, orientación laboral y acompañamiento psicológico, pero si los recursos dentro del sistema son absolutamente insuficientes, en esta fase os podéis imaginar. Son chavalas y chavales postadolescentes con un riesgo altísimo de exclusión y marginalidad y con muchas papeletas de caer en brazos de redes de explotación sexual o en la delincuencia.
En definitiva, la explotación sexual, las agresiones, las desapariciones, las autolesiones y los suicidios, forman parte de una misma constelación de vulnerabilidad, de opacidad institucional, de falta de voluntad política y de recursos, y de mucha violencia patriarcal en todas sus formas. Desde una posición feminista, de izquierdas y de defensa de lo público, la pregunta que se nos pone delante es terrible: ¿qué significa que el Estado decida asumir la tutela de una niña y que precisamente por eso sea captada, explotada, agredida, desaparecida, autolesionada o muerta sin que sepamos siquiera cuántas veces ocurre?
Creo que necesitamos exigir medidas y conocer en profundidad qué está pasando, quiénes son los responsables y qué medidas hay para que niñas y niños vulnerables no sigan sufriendo más y más violencia. No podemos abandonarlas ni dejar que sus vidas se resuman en noticias fugaces que muy poquita gente lee.
Y le queremos dedicar esta introducción al Gobierno de España y, especialmente, a la ministra de juventud e infancia Sira Rego, de la que hemos encontrado más declaraciones y comparecencias sobre niñes, sobre infancias trans e identidades que sobre la violencia sistemática que sufre la juventud y la infancia en los centros de menores que gestiona. De hecho, no hemos encontrado NINGUNA declaración sobre este asunto por parte de la ministra.
BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS INTRO MENORES TUTELADAS
