Lo primero que queremos aclarar es el concepto de madres protectoras. Dentro del ámbito de la violencia machista, llamamos madres protectoras a mujeres que, al sospechar o tener evidencia de que sus parejas o exparejas maltratan o abusan sexualmente de sus hijas e hijos, deciden denunciarlo ante la justicia o los servicios sociales. Y cuando denuncian, en lugar de encontrar protección y justicia, chocan contra un sistema y unas instituciones que las castigan de múltiples formas, presuponiéndolas manipuladoras, mentirosas, locas… luego veremos hasta qué punto lo hacen y con qué lenguaje tan revelador. Se minimizan sus denuncias, se las cuestiona y se las revictimiza, a ellas y a sus criaturas. Se las somete a peritajes psicológicos sesgados y humillantes, los medios de comunicación hacen su parte presentándolas como mujeres manipuladoras, obsesivas o vengativas, y los servicios sociales adoptan muchas veces una actitud de neutralidad cómplice, equiparando la palabra de la víctima y la del agresor.
Estas madres se ven atrapadas en una auténtica tela de araña de violencias institucionales, y muy a menudo acaban siendo ellas las que se sientan en un banquillo acusadas de manipular a sus propias criaturas para perjudicar a los padres. Acusaciones que muchas veces se han basado al menos en parte en el llamado síndrome de alienación parental, del que hemos hablado mucho en este programa, pero que luego volveremos a tratar.
La Ley de Protección a la Infancia de 2021 prohíbe expresamente que se tenga en cuenta este supuesto síndrome en los procesos judiciales relacionados con menores, pero en la práctica no se está cumpliendo, se siguen usando conceptos equivalentes para seguir criminalizando a las madres.
¿Cuál es el resultado de toda esta situación que os describimos? Pues que las madres protectoras terminan procesadas, castigadas y despojadas de la custodia de sus criaturas, se las arrancan, de ahí un término que escucharemos en el programa de hoy: los arrancamientos. Porque describen a la perfección lo que hacen las instituciones y el sistema judicial: arrancar literalmente a las criaturas que se agarran a sus madres porque no quieren ir con su abusador o con su maltratador.
Alguien que no conozca el funcionamiento de la justicia patriarcal pensará quizá que hablamos de casos aislados. Juana Rivas y pocos más. Pero no, amigas. En 2023 se presentó el informe Violencia institucional contra las madres y la infancia, que estudió unos 50 casos de mujeres que denunciaron a los padres de sus criaturas por maltrato o abuso sexual. Pues bien: el 72% de estas madres terminaron envueltas en nuevos procesos judiciales, acusadas de denuncia falsa, de simulación de delito, de dañar el honor del agresor o de sustracción de menores por haber impedido que el padre viera a las criaturas. Sufren procesos interminables, auténticas guerras de desgaste: en el 60% de los casos, los procedimientos duraron más de siete años, encadenando causas, agotando a estas mujeres emocional, económica y psicológicamente.
¿Y cómo terminaron estos procesos? Pues en un 65% de los casos, las madres perdieron la custodia de sus hijos e hijas. Y a una de cada tres se le prohibió cualquier tipo de contacto con ellos: un arrancamiento total. En contraste, sólo en el 10% de los casos se prohibió el contacto a los padres acusados de abusos. La desproporción habla por sí sola. Y podríamos seguir citando agravios, porque muchas de estas madres son obligadas incluso a acudir a terapia para tratar su supuesta «animadversión» hacia el padre como requisito para intentar volver a ver a sus criaturas. Y todo esto sucede, además, en contra de toda la evidencia disponible. Sabemos que esta violencia está gravemente infradenunciada: sólo se denuncia entre un 10 y un 15% de los casos. Y sabemos también que, dentro de este panorama, son precisamente las madres quienes antes y mejor detectan los abusos que sufren sus hijas e hijos. Aprovecho, por cierto, para recomendaros los especiales que hicimos en su día sobre violencia vicaria (RJ 125) y Abuso Sexual Infantil (RJ 158), porque tiene mucho que ver. Durante la realización de este programa no he dejado de pensar en esos especiales.
España, para más señas, ha sido interpelada y advertida una y otra vez por organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa. Han denunciado la aplicación judicial del síndrome de alienación parental, el falso SAP, la criminalización de las madres protectoras y la validación institucional de los agresores. En 2021, por ejemplo, la relatora de la ONU Reem Alsalem pidió explicaciones al Gobierno sobre varios procesos judiciales concretos y señaló que existe un patrón estructural de discriminación judicial contra las madres protectoras. También el Defensor del Pueblo lleva años advirtiendo sobre la proliferación de estos casos. Pero nada cambia, el sistema sigue funcionando con precisión quirúrgica cuando se trata de disciplinar a las mujeres, cualquiera pensaría que fue diseñado para esto…
Muchas gracias a todas las madres que nos han prestado su voz para este especial. Uno de los más duros que recordamos haber hecho. Hay tantas historias de mujeres que, por proteger a sus criaturas, han sido criminalizadas, encarceladas y arrancadas de quienes más querían, que se ha hecho muy difícil enfocarlo desde algún lugar que no sea la pura rabia. Esperamos, de corazón, que este trabajo sirva para arrojar algo de luz, para entender mejor lo que está pasando y para seguir empujando juntas.
¿Por qué el sistema protege más a los agresores que a la infancia? ¿Por qué se castiga a una madre que protege? ¿Por qué se aplica el falso SAP en los tribunales cuando la ley lo prohíbe? Vamos a contestar a muchas preguntas en este episodio y a analizar la tela de araña en la que caen madres y niñas cuando denuncian a un hombre ante la ley, lo haremos de la mano de expertas como Débora Ávila y Mamen Peñaranda y también de la abogada Sara Riley, defensora especializada en madres protectoras.
REFERENCIAS
