Los vientres de alquiler, también conocidos por el eufemismo «gestación subrogada», constituyen una forma de explotación reproductiva de las mujeres y de compraventa de seres humanos. Esta práctica viola los derechos fundamentales de mujeres y bebés, y está prohibida por ley en numerosos países, especialmente en los del llamado primer mundo, como España. Por eso, quienes tienen el poder adquisitivo necesario para comprar bebés suelen viajar a países más pobres, donde la legislación no protege a sus ciudadanas y la precariedad es la norma. En estos lugares, aprovechándose de su posición económica y de poder, los compadres consiguen que mujeres en situación de vulnerabilidad acepten gestar para ellos.
Solo las personas más ricas pueden explotar, y solo las mujeres más pobres y vulnerables son las explotadas: son tratadas como meras vasijas, firmando contratos plagados de abusos en los que, incluso, su vida queda bajo el control de los compradores y de las agencias intermediarias que actúan como facilitadoras de este mercado.
Los compradores españoles de bebés son plenamente conscientes de que esta práctica está explícitamente prohibida en el ordenamiento jurídico español y de que tanto el Parlamento Europeo como la ONU la han calificado como “contraria a la dignidad de la mujer”. No obstante, también saben que pueden recurrir al fraude de ley para eludir estas prohibiciones y satisfacer su deseo de tener descendencia (solo les vale la biológica, por eso no adoptan). Además, esta práctica les permite elegir características físicas de las criaturas —como el color de ojos o de cabello—, convirtiendo el proceso en un «menú a la carta» donde prima su deseo por encima de los derechos de las mujeres gestantes y de las propias bebés, que son separadas de sus madres al nacer.
En España, la lucha feminista exige la derogación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, impulsada por el PSOE, que permite inscribir en el Registro Civil la filiación de bebés comprados en el extranjero. Este marco legal protege a las mujeres españolas de ser explotadas reproductivamente, pero, al mismo tiempo, fomenta que los ciudadanos españoles puedan explotar a mujeres extranjeras, especialmente a aquellas en situaciones precarias, perpetuando así una forma de violencia global contra las mujeres más desprotegidas.
