Aunque en la izquierda exista una simpatía extendida hacia la causa saharaui, a menudo falta una visión global del asunto. Es importante subrayar que no se trata de una disputa ancestral, sino de una consecuencia directa del colonialismo europeo y de su retirada desordenada. A finales del siglo XIX, España, por intereses pesqueros, comerciales y de prestigio, empezó a fundar emplazamientos en la costa saharaui y consiguió que internacionalmente se reconociera su soberanía sobre la zona, aunque las fronteras concretas del territorio colonial se fueron definiendo a principios del siglo XX a través de pactos con Francia, sobre todo. Unas fronteras que, si echáis un vistazo a cualquier mapa, veréis que se trazaron con escuadra y cartabón, atendiendo solo a un reparto de intereses entre el gobierno español y el francés e ignorando por completo la realidad social del desierto. Como pasa, de hecho, con muchas fronteras africanas.
España no consolidó su control sobre el territorio de lo que se conocería como “Sáhara español” hasta los años 30 y lo gobernó como una colonia militar, con una administración autoritaria que desarticuló la sociedad saharaui y fomentó dependencias y corrupción. En el franquismo tardío, el carácter de ese colonialismo se volvió cada vez más extractivo y el Sáhara Occidental empezó a tener cada vez más interés estratégico, por la explotación de la importante mina de fosfatos de Bucraa, por la importancia de la pesca y por las crecientes expectativas de que hubiera reservas importantes de hidrocarburos.
Nada más independizarse de Francia y de España en 1956, el Reino de Marruecos adoptó una retórica expansionista que incluía entre sus ambiciones la de incorporarse el Sáhara Occidental, entre otras zonas, para construir lo que los nacionalistas marroquíes llaman el “Gran Marruecos”. En ese contexto, en los años sesenta, surgió la figura de Basiri, un periodista que rechazaba las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara y abogaba por la independencia de la zona, en consonancia con otros muchos movimientos anticolonialistas africanos.
A este hombre lo expulsaron de Marruecos y acabó en el Sáhara Español, donde impulsó un movimiento de liberación nacional de carácter pacífico que fue duramente reprimido por el régimen franquista. En 1970, una manifestación en Zemla, un barrio de El Aaiún, acabó con la Legión matando a varios saharauis y deteniendo a Basiri, del que nunca más se volvió a saber, posiblemente porque lo fusilaron extrajudicialmente, aunque hay varias teorías sobre su muerte.
La reacción represiva del régimen abrió paso a la resistencia anticolonial organizada, y en 1973 el independentismo saharaui fundó el Frente Polisario, que empezó una campaña de lucha armada contra la presencia colonial española. El nombre de “Polisario”, por cierto, es el acrónimo de Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, que es como se llamaban las dos divisiones territoriales del Sáhara Occidental.
Todo esto ocurre en un momento en el que la dictadura ya atravesaba una fase crítica, con Franco dando sus últimos coletazos y una oposición antifranquista cada vez más fuerte.
Hacia 1974, España se comprometió por fin a organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, una exigencia que la ONU llevaba tiempo planteando y que el Estado español había ido posponiendo mediante pequeñas concesiones al territorio: su conversión en provincia de ultramar en 1958, lo que permitía, por ejemplo, enviar procuradores a las Cortes, o la presentación de proyectos de autonomía que nunca llegaron a materializarse.
En esta ocasión, España sí empezó a elaborar un censo con vistas a una votación real, pero entonces entraron en escena Marruecos y Mauritania, que no querían la independencia del Sáhara, sino su reparto.
En noviembre de 1975, con Franco agonizando y con el apoyo, faltaría más, de los Estados Unidos y de la CIA (temerosos de que el Sáhara acabase controlado por Argelia, aliada de la URSS), Marruecos lanzó la famosa Marcha Verde. Unos 350.000 civiles marroquíes y también unidades militares invadieron el Sáhara Occidental y España respondió retirándose sin más y firmando rápidamente los Acuerdos de Madrid, mediante los cuales abandonó su responsabilidad como potencia administradora y entregó de facto el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, asegurándose a cambio de que se respetaran sus intereses económicos en la zona. Este fue un acuerdo que no respetaba la legalidad internacional y que suponía vender al pueblo saharaui, por más que en el texto oficial del acuerdo se hiciera referencia a la necesidad de respetar la opinión de la ciudadanía saharaui.
Lo que vino inmediatamente fue una ocupación del Sáhara Occidental. Mauritania por el sur y Marruecos por el norte. La ocupación marroquí fue particularmente violenta y provocó un éxodo masivo de población saharaui hacia el desierto y hacia Argelia, donde decenas de miles de saharauis acabaron en campos de refugiados. En ese contexto, Marruecos llegó a bombardear a civiles con napalm, matando a varios miles de saharauis. Por supuesto, el Frente Polisario se enfrentó a Marruecos y a Mauritania, pero en condiciones de mucha inferioridad. En 1976, el Polisario proclamó la creación de la República Árabe Saharaui Democrática, que reclamaba el territorio del antiguo Sáhara español pero que no lo controlaba, claro. El primer presidente de esta República fue El Uali Mustafa Sayed, histórico fundador del Polisario, que murió muy poco después combatiendo contra el ejército mauritano y es considerado un héroe de la causa saharaui.
En 1979, Mauritania, con un montón de problemas internos, acabó pactando con el Polisario y retirándose del Sáhara. ¿Y quién ocupó el territorio que dejó Mauritania? Marruecos, que en la década de 1980 aseguró su control construyendo muros fortificados y poniendo zonas minadas en medio del desierto para impedir las incursiones del Polisario. La guerra se prolongó hasta 1991, cuando se acordó un alto el fuego bajo auspicio de la ONU, con la promesa de celebrar un referéndum que nunca ha llegado a celebrarse. La misión internacional de Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO) no ha servido ni para conseguir el referéndum ni para casi nada, porque tampoco ha impedido la represión sistemática de las y los saharauis por parte de Marruecos, que ha consolidado su ocupación. Ante el bloqueo y los abusos continuados de Marruecos, y después de que violase claramente el alto el fuego disparando contra manifestantes civiles saharauis pacíficos en el paso fronterizo de Guerguerat, en noviembre de 2020, el Frente Polisario dio por terminado el acuerdo y reanudó las hostilidades. Desde entonces se producen escaramuzas en la zona del muro, pero poco trascendentes porque el contexto es de absoluta desigualdad militar.
Hoy el Sáhara Occidental está fragmentado en tres realidades distintas.
La mayor parte del territorio, un 75%, está ocupada por Marruecos, que ejerce un control militar estricto, explota los recursos saharauis y promueve una colonización demográfica para alterar la composición de la población y vaciar de contenido cualquier referéndum que pueda surgir. Ya viven allí más marroquíes que saharauis, de hecho. Parte de las élites saharauis se benefician de colaborar con Marruecos, y la disidencia es reprimida con dureza: detenciones arbitrarias, torturas, largas condenas, desapariciones forzosas y una negación absoluta de las libertades de expresión y manifestación cuando se cuestiona la soberanía marroquí.
La zona bajo ocupación marroquí, que es la que incluye la costa, está separada del otro 25% restante del territorio por un muro de 2700 kilómetros, custodiado por al menos 120.000 soldados marroquíes y asociado a extensos campos de minas y restos explosivos. Israel ha ayudado y ayuda a Marruecos con temas de fortificación y vigilancia de ese muro. Al este del muro, ese 25% del territorio saharaui no controlado por Marruecos son los llamados “territorios liberados”, que están bajo control de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario. Es una zona bastante inhóspita, con apenas algunos pequeños asentamientos dispersos, más simbólicos que otra cosa. En esta zona libre, las mujeres saharauis se han organizado en labores de acción contra las minas antipersona (desminado y educación sobre minas), formando el grupo “Sahrawi Mine Action Women Team”, que ha contado con entrenamiento internacional, sobre todo de la ONG “Norwegian People’s Aid”.
Y la tercera realidad son los campamentos de refugiados saharauis en la provincia argelina de Tinduf, donde sobreviven unas 175.000 personas en condiciones extremas, con acceso muy limitado a agua, alimentos y servicios básicos, y una dependencia casi total de la ayuda humanitaria. Lo que nació como una emergencia internacional se ha convertido en una especie de “nueva normalidad” profundamente cínica. Es allí, en el exilio, donde se concentra la mayor parte de la estructura política y administrativa de la República Saharaui.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la situación es bastante clara: Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y no avalan la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ni los Acuerdos de Madrid. Consideran a Marruecos una potencia ocupante que explota ilegalmente los recursos del territorio. España, de hecho, sigue siendo considerada formalmente la potencia administradora, con la consiguiente responsabilidad jurídica en el proceso de descolonización. La República Saharaui es reconocida hoy por 46 Estados miembros de la ONU, pero España no es uno de ellos.
De hecho, España practica una amnesia política muy conveniente respecto a su responsabilidad histórica con el Sáhara. Ni siquiera nos lo enseñan en la educación pública. Aquí no ha pasado nada, aquí no hay nada que ver. De hecho, España, en nombre de sus intereses estratégicos y de la “buena relación” con Marruecos, ha llegado a extremos como el respaldo unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 a la propuesta marroquí de autonomía, expresado en una carta privada a Mohamed VI para cerrar una crisis diplomática provocada -recordaréis- por la atención médica en España al líder del Polisario, Brahim Ghali.
Esto, no se nos olvide, viene del mismo gobierno que se presenta como el gran defensor de Palestina y del derecho internacional. Esta comparación con Palestina es extensible a otras cuestiones, porque no es un detalle menor que Marruecos e Israel formalizaran hace pocos años una alianza estratégica bajo el paraguas de Estados Unidos, amigas. Las escalas son diferentes, por supuesto. Pero ambos comparten intereses. E impunidades.
Llegadas a este punto, abordar la situación de las mujeres saharauis exige un ejercicio de honestidad poco complaciente. Es evidente que la causa saharaui necesita defensa, pero el feminismo no es un complemento ornamental al que pongamos el ON o el OFF según convenga, y luego Benda y Tfarrah profundizarán más sobre esto. El análisis debe evitar dos trampas: (1) la romantización del heroísmo femenino de las mujeres saharauis, que acaba ocultando formas reales de opresión, y (2) la instrumentalización de esa opresión para deslegitimar la lucha nacional. Sostener ambas cosas a la vez es complicado, y se hizo visible a mediados del año pasado, cuando El País publicó un reportaje sobre mujeres saharauis con nacionalidad o residencia legal en España, retenidas contra su voluntad en los campamentos de Tinduf por decisiones administrativas vinculadas al Frente Polisario, a menudo a petición de sus propias familias.
La respuesta del Polisario fue inmediata: denunció el enfoque paternalista y colonial de la noticia, la negación de la agencia de las mujeres saharauis, la descontextualización de la situación de exilio y ocupación, y la atribución indebida al Polisario de competencias que corresponderían al Estado argelino. También señaló, no sin razón, el doble rasero habitual de los medios españoles respecto al Sáhara.
Vayamos por partes: En los territorios ocupados por Marruecos, la represión contra la población saharaui tiene un marcado sesgo basado en el sexo. Existen abundantes denuncias de agresiones sexuales durante allanamientos, humillaciones, amenazas de violación, acoso, campañas de difamación y obstáculos sistemáticos para recibir atención médica tras sufrir torturas. Todo ello en un contexto de impunidad apabullante y sin una supervisión internacional efectiva. Cristalizan en casos como el de Aminetu Haidar, símbolo internacional de la resistencia saharaui, una mujer que ha sido torturada, encarcelada y sometida a vejaciones de todo tipo, las cuales le han dejado secuelas físicas permanentes. Aminetu ha sido propuesta varias veces al Nobel de la Paz, por cierto. Por lo que sea, nunca se lo han dado, prefieren a gente como Corina Machado, que ha acabado regalándoselo al pederasta de Trump.
En las zonas controladas por el Frente Polisario (los territorios liberados y, sobre todo, los campamentos de refugiadas y refugiados) la situación es distinta, pero no exenta de contradicciones. El contexto lo condiciona todo: exilio prolongado, dependencia humanitaria, ausencia de un Estado plenamente soberano y un marco jurídico influido tanto por valores islámicos como por el derecho argelino, que aplica parcialmente la sharía en ámbitos como el derecho de familia. Nada de esto puede ignorarse.
En este marco, existen también avances que son relevantes, como la alta participación femenina en la vida política, la presencia de mujeres en el gobierno y el parlamento o el acceso relativamente igualitario a la educación y estructuras organizativas influyentes como la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Pero en la vida cotidiana persisten dinámicas patriarcales profundas: control masculino de la movilidad y las decisiones vitales, restricciones severas a la autonomía antes del matrimonio, una división sexual del trabajo muy marcada y una carga casi total de los cuidados sobre los hombros de las mujeres. En la práctica ese control no lo ejercen directamente varones sino mujeres del entorno familiar (madres, hermanas, abuelas, tías), lo cual facilita la ficción de una cierta neutralidad masculina y la reproducción del orden patriarcal por vías socialmente legitimadas.
Con todo y con eso, dentro del contexto del mundo islámico la situación de las mujeres en el Sáhara Occidental se puede considerar comparativamente buena, sobre todo por el rol tan importante que juegan a nivel organizativo, asociativo y directivo dentro de la lucha anticolonial. Sobre aspectos concretos los datos escasean. En muchos ámbitos predomina una situación de facto más que de iure. Por ejemplo, no hemos encontrado una legislación saharaui explícita sobre el aborto, aunque sabemos que se practican abortos. La moral sexual en la sociedad saharaui no parece tan rígida como en otros países de la región, pero conviene evitar idealizaciones.
El problema de fondo es político: la lucha feminista queda subordinada a la causa nacional. Las mujeres que cuestionan su situación corren el riesgo de ser acusadas de dividir el movimiento o de hacerle el juego al enemigo. Las activistas feministas saharauis se mueven en un terreno muy difícil, donde el reto no es elegir entre autodeterminación o igualdad, sino convencer a su propia sociedad de que ambas luchas forman parte de un mismo proyecto emancipador. Otras experiencias, como la de las mujeres kurdas, demuestran que es posible.
FUENTES
Equipo de Mujeres Saharauis de Acción contra las Minas:
