(Ya aquí te hablamos sobre la prostitución durante el franquismo)
Hay que decir desde el principio que, aunque la prostitución es un tema muy importante para entender la historia del patriarcado y de las mujeres, su historia en España está llena de puntos ciegos. Sabemos poco de los puteros, de los proxenetas, de las mujeres prostituidas extranjeras, de los burdeles clandestinos o de la prostitución en los pueblos. Y no es sólo culpa de los historiadores, influye que las fuentes que tenemos son casi siempre legales o médicas, o sea, hechas desde instituciones que ostentan el poder. Por suerte, las miradas feministas han empezado a romper esa niebla. Y a mostrarnos lo que la prostitución ha sido siempre: una forma cruda, persistente y normalizada de violencia patriarcal.
Durante siglos, la prostitución fue mirada desde una especie de lente triple. Desde la moral religiosa, se condenaba. Desde la medicina, se temía. Y en la práctica… se toleraba con una hipocresía monumental.
Lo primero que salta a la vista al repasar su historia en España es el esfuerzo descomunal que han puesto médicos, políticos y policías. ¿Para qué? No para proteger a las mujeres, ni para ofrecerles salidas a ese infierno. Sino para controlarlas, explotarlas o hacerlas desaparecer del mapa.
Como punto de partida, vamos a ir directas al decreto de 1623, de Felipe IV. Ese texto cerró los burdeles oficiales —las llamadas mancebías o “casas de mujeres públicas”—, pero no prohibió la prostitución. ¿Cuál fue el resultado? Las mujeres fueron empujadas a la calle o a locales clandestinos. Cuatro siglos después… seguimos ahí.
Fue en el siglo XIX, en especial desde la época de Isabel II -que es cuando se asentó el liberalismo en España-, cuando el tema de la prostitución empezó a suscitar un gran interés regulatorio. En muchas ciudades españolas, sobre todo en las portuarias y en las que tenían fuerte presencia militar, comenzó a reglamentarse la prostitución. Era la época del llamado “reglamentarismo burgués”. Se fichaba a las mujeres prostituidas, se las sometía a inspecciones ginecológicas rutinarias y se las confinaba en zonas específicas de la ciudad. Todo ello en nombre, atención de la “higiene pública”. No hace falta ser Marie Curie para entender que el objetivo real era proteger a los varones consumidores: soldados, burgueses, estudiantes… o curas. Un ejemplo extremo, pero revelador: en 1843, dos prostitutas fueron expulsadas de Toledo tras ser rapadas públicamente. ¿El motivo? El coronel de la plaza se había quejado del aumento de enfermedades venéreas entre sus soldados.
El Código Penal de 1848, y los que le siguieron, no criminalizaban la prostitución en sí misma, claro, a por los puteros no se ha ido jamás. Solo comenzó a perseguirse el proxenetismo, penalizando sobre todo la incitación a la prostitución de menores y de personas que en la terminología de la época se catalogaban como “incapaces”.
A lo largo del siglo XIX, la prostitución se fue consolidando como un negocio más dentro del nuevo entramado liberal capitalista. Algunos ejemplos son muy elocuentes: en Vic, Barcelona, la llegada de nuevas mujeres prostituidas se anunciaba repartiendo miles de octavillas. Como si fueran mercancía fresca.
Pero mientras los hombres comerciaban con sus cuerpos, en los barrios populares muchas mujeres prostituidas compartían vida, vivienda y resistencia con otras mujeres pobres.
En ciudades como Cádiz, Córdoba o Sevilla, los archivos recogen historias de apoyo mutuo y de integración plena en la comunidad. A la miseria femenina también llegaba la sororidad.
Durante la Restauración (1876-1923) el sistema de control sobre la prostitución se perfeccionó: cartillas sanitarias, censos, reglamentos… Pero el putero, como siempre, quedó intocable. Fue en esta etapa, a finales del XIX, cuando surgieron las primeras voces feministas abolicionistas. Una de ellas: Concepción Arenal, muy influida por el abolicionismo británico. Y ya en el siglo XX se sumarían referentes como Clara Campoamor o Margarita Nelken, que denunció la prostitución como válvula de escape de los varones sostenida sobre los cuerpos de las mujeres. En ese camino, en 1922, se fundó la Sociedad Española del Abolicionismo.
En 1935, en plena Segunda República, se aprobó un decreto abolicionista que prohibía la reglamentación de la prostitución y declaraba que no podía ser medio lícito de vida.
Se eliminaban los registros obligatorios de prostitutas. Pero a cambio se imponían medidas sanitarias coercitivas: hospitalización forzosa o vigilancia médica a mujeres “sospechosas” de ser focos de contagio.
Estas medidas fueron muy criticadas por el feminismo y el socialismo. Porque, en la práctica, seguían estigmatizando y controlando a las mujeres. El decreto era peculiar. Abolía el regulacionismo, sí, pero no nacía del feminismo. Venía de preocupaciones higienistas, eugenésicas y de orden público. De hecho, lo firmó un ministro de la CEDA, la derecha católica de la época.
Poco después, en plena Guerra Civil, surgiría una experiencia verdaderamente revolucionaria: los Liberatorios de Prostitución, impulsados por Mujeres Libres, la asociación anarcofeminista de la que ya os hemos hablado. No eran casas de redención. Eran espacios de formación y empoderamiento pensadas para ofrecer una salida real de la prostitución. Fue una experiencia breve y con escasos resultados, no por nada, sino por el contexto bélico en el que tuvo lugar, pero ha quedado también como un ejemplo de iniciativa que realmente iba en la buena dirección.
Con la victoria franquista volvieron el silencio y la represión. En 1941, el régimen reinstauró oficialmente el reglamentarismo: vuelta a la inscripción obligatoria en un registro oficial, al control sanitario y, paralelamente, viva la hipocresía, a la condena moral de la prostitución. Dentro de la ideología nacionalcatólica del régimen, la prostitución se ocultó, eso sí, funcionando los burdeles bajo nombres como “casas de huéspedes”, “academias”, “cafés” “salones”.
Pero en 1956, se produjo un giro de guión. Se decretó el cierre oficial de todos los burdeles. No porque de repente le entrase la conciencia ética a los señordos del régimen, fue por imagen internacional, porque España entró en la ONU después de años de ostracismo internacional, y necesitaba adaptarse a la convención internacional de 1949 contra la trata y la explotación sexual. En la práctica, la prostitución no desapareció ni mucho menos, solo se camufló. Se escondió en pisos privados, bares de carretera y clubes semiclandestinos. Las mujeres prostituidas siguieron siendo tratadas como delincuentes hasta el final de la dictadura, como prueba la Ley de Peligrosidad Social de 1970, que permitía confinarlas en centros especiales.
Durante todo el franquismo, dicho sea de paso, funcionó el llamado Patronato de Protección de la Mujer. Era una institución anterior al régimen, pero Franco la transformó por completo. Oficialmente, servía para “proteger” a menores de la prostitución. En la práctica, servía para encerrar a mujeres que no encajaban en los moldes del régimen. Eran las llamadas Mujeres “caídas o en riesgo de caer”. Muy a menudo no se trataba de prostitutas, sino de lesbianas o chicas rebeldes que eran denunciadas por familiares o por instituciones como la Iglesia.
Con la transición a la democracia muchos esperaban una reforma profunda de la prostitución. Otros buscaban su legalización. Las feministas, claro, luchaban por su abolición. Pero la prostitución tuvo su propio pacto de silencio: no se legisló, no se abolió, no se debatió. Y así seguimos, en pleno siglo XXI, en el año 2025, con un vacío legal donde florece la impunidad. El Código Penal de 1995, que es el que está aún vigente, no penaliza la prostitución adulta mientras sea -y cito- “libre”, lo que deja, como todo el mundo sabe, incluidos todos los partidos políticos, un margen inmenso para el proxenetismo. Desde entonces, ha habido algunas reformas. Algunas leyes contra la trata. Pero al putero, ni tocarlo. Algunas comunidades autónomas y municipios han legislado para poner sanciones económicas, pero ojo con eso, muchas de ellas han llegado a multar por igual a la mujer explotada que al putero.
Desde los años 80, con la globalización, la prostitución en España se ha internacionalizado. La sufren sobre todo mujeres migrantes en situación de extrema vulnerabilidad que, frecuentemente, son víctimas de redes de trata. Y con el auge del neoliberalismo, el blanqueo se intensifica, como sabéis, se intenta convertir la prostitución en algo que han llamado “trabajo sexual”, perspectiva que pretende borrar ante la sociedad su carácter violento y de explotación. Pero no hay retórica sobre el “libre consentimiento” que pueda tapar lo que es: esclavitud sexual. Como si cupiera la remota posibilidad de que existiera una sola mujer en el mundo que accediera de forma libre a ser penetrada por 18 ó 20 hombres cada día para luego dormir sobre esa misma cama, y vuelta a empezar.
El neoliberalismo ha conseguido que hoy el debate esté muy polarizado y, sobre todo, descompensado. Porque de un lado, estamos quienes luchamos por la abolición del sistema prostituyente. Y, del otro lado, está el dinero. El dinero del proxenetismo es apabullante. También está la pasta de la industria turística. Y están, también, los intereses políticos y los intereses de los políticos, que también son puteros.
Y en medio, el Estado. Que finge preocuparse, mientras cuenta billetes. Mira para otro lado, cómplice. No solo el PSOE. También Unidas Podemos cuando pudo, que hasta llevaba la abolición en el programa, y míralos. Y ahora, Sumar, que lo primero que pactó con PSOE para formar gobierno fue no tocar a los puteros. Y los otros aceptaron. No es falta de consenso. Es exceso de intereses. Porque España es el país con más puteros de Europa. Y eso, para la izquierda y para la derecha, son muchos votos en juego. Así que se opta por el silencio, que es lo más rentable que hay.
REFERENCIAS
